Respuesta a la Blanca Guerrero, Delegada de Educación

El pasado 22 de octubre, se publicó una entrevista a Blanca Guerrero, delegada de Educación en Alava.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/absolutamente-falso-ninos-20171022193522-nt.html

Tras su lectura, la plataforma decidió responderle con este otro artículo:

La segregación escolar merece otra gestión. (Respuesta a las palabras de Blanca Guerrero en este periódico)


Vaya por delante que estamos de acuerdo con la delegada cuando dice que el alumnado de origen inmigrante merece el mismo trato y consideración que el resto del alumnado y que hay muchos estereotipos que deben desecharse. Dice que hay que trabajar para que la escolarización de este alumnado no se viva de manera negativa en los centros, ni entre el personal docente ni entre las familias. Completamente de acuerdo. Lo grave, sin embargo, y donde se equivoca, es que se lo dice a los centros públicos que son precisamente los que están más preocupados por la guetización, es decir, se lo dice a quienes escolarizan al 95% del alumnado de origen inmigrante en educación infantil y primaria, proporción muy superior a la que vive en sus respectivos barrios. Porque, ¿no se lo tendría que explicar, más bien, a los centros de la ciudad –casi todos concertados- que no tienen alumnado de origen inmigrante en absoluto? Estaría bien que se dirigiera sobre todo a ellos en los medios de comunicación, con ese mismo mensaje, y les aclarara que deben deshacerse ya de los estereotipos y que deben comprometerse de una vez por todas con la diversidad social, tal y como -con toda responsabilidad y solidaridad- viene haciendo la escuela pública desde hace años.

Un ejemplo: hace ya un tiempo, el AMPA de una escuela pública de esta ciudad llevó al Ararteko una denuncia significativa: ¡desde la delegación se le enviaron, entre septiembre y marzo y a una sola aula, ocho alumnxs recién llegados a la ciudad! Repetimos: en un solo curso, y en una sola aula. Esto no es asumible, para nadie, y por lo mismo el propio Departamento de Educación se ha visto obligado a establecer un límite máximo de dos alumnxs por aula, una vez iniciado el curso, para intentar aliviar un desequilibrio que, como muestran las estadísticas, afecta desproporcionadamente a la escuela pública: el 83% del alumnado que llega una vez comenzado el curso es matriculado en las escuelas públicas de infantil y primaria de nuestra ciudad.

Pero la delegada cree que se puede estar en misa y repicando, por lo que junto con reconocer, con la medida antes mencionada, la gravedad del problema, insiste en aquello tan manido de la libertad de elección de centro: que las familias inmigrantes van a los centros que desean. ¿Acaso ella no conoce las cantidades que se cobran en cuotas mensuales en los centros concertados de esta ciudad? Según eso, ¿qué familias tienen de verdad libertad de elección? Es evidente que las familias con rentas más bajas “eligen” los centros donde no hay cuota, pero si eso es libertad de elección… Avanzaríamos mucho si la delegada empezara por hacer cumplir la ley, ésa que dice que la enseñanza obligatoria tiene que ser gratuita en todos los centros financiados con dinero público (tanto públicos como concertados), por lo que cobrar cuotas es una práctica ilegal. Esto, por cierto, ya se está persiguiendo en otros lugares del Estado, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde las inspectoras e inspectores están denunciando esos cobros ilegales. Aquí no.

Señala la delegada que “hay que apoyar a aquellos centros que tienen las cifras más altas de becarios dotándoles de más recursos humanos y materiales, metodologías, profesorado más preparado… para trabajar en el éxito escolar”. Bonitas palabras, especialmente porque reconoce que se trata de un alumnado que requiere más medios. Y eso es precisamente lo que estos centros llevan quince años pidiendo, más medios; por ejemplo, que no les racaneen un profesor más cuando lo solicitan. ¿Y cuándo va a ocurrir eso, señora delegada? Porque la tarea de usted no es decirlo, sino hacerlo.

Explica también Blanca Guerrero que “plantear un reparto del alumnado no es posible ni éticamente, ni jurídicamente, ni socialmente” y expone varios argumentos que ridiculizan ese planteamiento. Quizá alguien le ha planteado tan nefasta idea y es por eso por lo que ella ha decidido refutarla, pero no creemos que se refiera a la Plataforma a favor de la Escuela Pública porque, como ella bien sabe, la Plataforma nunca ha propuesto nada semejante.

En este sentido, queremos denunciar, una vez más, que los responsables políticos del Departamento de Educación de Gobierno Vasco no sólo hacen oídos sordos a las denuncias que se vienen haciendo desde hace más de una década en torno a la segregación escolar, sino que, además, mienten, y manipulan. En vez de echar balones fuera, como es su costumbre, volvemos a insistir en que hagan caso a las propuestas que se les vienen haciendo desde hace tiempo para conseguir que las escuelas sean un reflejo de la realidad de los barrios en los que se asientan, para que sean escuelas en las que todo tipo de familias tengan cabida y no haya unas escuelas para unxs y otras para otrxs dependiendo del nivel socio-económico de las familias, de su origen o su religión, y por supuesto, para que no se puedan financiar con fondos públicos proyectos educativos que dejan fuera a una buena parte de la población, pues eso sí que es inadmisible, ética, jurídica, y socialmente. Lo que venimos haciendo es poner sobre la mesa una realidad que debería tener preocupadísima y ocupadísima a la Delegada de educación y que, lamentablemente, como se ha visto con los temas en torno a los que el Departamento de Educación quiere articular su pacto educativo, no es una prioridad en su agenda.

La escuela pública, y no sólo en Vitoria, tiene una enorme sensación de orfandad. ¿Quién en la administración educativa trabaja por ella y la defiende con convencimiento, en el entendido de que es el eje vertebrador del sistema educativo vasco y la escuela para todas y todos? La escuela pública necesita de un liderazgo que refuerce y reconozca la labor educativa, cultural, social y lingüística que viene realizando con alumnado y familias de gran diversidad, desde la solidaridad y la calidad, y que gestione de otra forma la segregación escolar. La diversidad es nuestro tesoro; la segregación, promovida por el Departamento de Educación, es la perversión de ese tesoro.